Agencia de Noticias Hawzah – Según una amplia gama de observadores, el movimiento de EE.UU. no debe verse meramente como un incidente regional o aislado. Más bien, señala una tendencia más amplia y alarmante: el regreso de la política de poder cruda y sin disfraces al centro de los asuntos globales, donde la coerción reemplaza a la ley y la fuerza anula las normas. En términos prácticos, este desarrollo sugiere la reafirmación de la "ley de la selva", dejando al derecho internacional reducido a poco más que una etiqueta ceremonial carente de autoridad vinculante.
Algunos expertos sostienen que lo que se está desarrollando va más allá de la conducta controvertida del presidente de EE.UU., Donald Trump, y refleja una transformación estructural más profunda en la forma en que se ejerce el poder dentro del sistema internacional. Desde esta perspectiva, la fuerza unilateral, la manipulación de regímenes y la aplicación extraterritorial de leyes domésticas se están convirtiendo en herramientas normalizadas de la política estatal para las potencias dominantes.
Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, entonces la potencia global predominante, jugó un papel central en la configuración del orden internacional de posguerra mediante el establecimiento de las Naciones Unidas y un conjunto de normas legales internacionales. En ese momento, influyentes formuladores de políticas estadounidenses enfatizaron que el objetivo principal de este marco era restringir los usos arbitrarios de la fuerza y prevenir la recurrencia de la política de poder desenfrenada que había llevado a la catástrofe global.
Sin embargo, el comportamiento reciente de EE.UU., particularmente hacia Venezuela, ha dejado al descubierto una realidad diferente. Como han demostrado los acontecimientos, el interés y la conveniencia, más que la ley o el principio, ahora parecen guiar las acciones de los poderes arrogantes, liderados por Washington. La arquitectura normativa del derecho internacional se mantiene solo en la medida en que sirve a sus objetivos estratégicos.
Según el Dr. Mohsen Jalilvand, profesor de relaciones internacionales, el mundo ha entrado efectivamente en una fase de desorden global. Señala que durante décadas, los círculos académicos y diplomáticos consideraron la soberanía estatal, la prohibición del uso de la fuerza, la resolución pacífica de disputas y las instituciones multilaterales como los pilares del orden internacional. Si bien estos principios fueron a menudo violados, no obstante proporcionaban un marco que restringía el comportamiento e imponía costos reputacionales y políticos a los infractores.
En los últimos años, sin embargo, ese frágil marco se ha erosionado constantemente. Los asaltos implacables y devastadores del régimen sionista contra Gaza, las acciones militares de EE.UU. contra Irán y el apoyo abierto de Washington a grupos terroristas que buscan tomar el poder en Siria, todos han subrayado la disminución de la efectividad de las instituciones internacionales y las normas legales. Las señales de advertencia han sido evidentes durante mucho tiempo; las acciones recientes de EE.UU. e Israel equivalen a una burla abierta del mismo orden que estas instituciones fueron creadas para sostener.
El caso de Venezuela representa una escalada peligrosa. Expertos políticos y estudiosos del derecho internacional argumentan que el presunto secuestro de un presidente legítimo mediante medios militares directos, sin autorización del Consejo de Seguridad de la ONU y fuera de cualquier marco reconocido de defensa propia, constituye un asalto sin precedentes al sistema internacional.
Esto plantea una pregunta fundamental para la comunidad global: ¿Ha entrado el orden internacional en una fase en la que las reglas existen formalmente pero ya no son vinculantes? ¿O está Estados Unidos diseñando activamente un nuevo orden, uno en el que solo él está exento de todas las restricciones y leyes?
En el núcleo del sistema internacional moderno yacen dos principios interconectados: la soberanía de los estados y la prohibición del uso de la fuerza. Estos principios están consagrados en la Carta de la ONU y juegan un papel crucial en el fomento de la previsibilidad y la estabilidad en las relaciones internacionales. Incluso cuando los estados violaron estas normas en el pasado, normalmente buscaban justificaciones legales o morales para enmarcar sus acciones dentro del orden existente.
En el caso de Venezuela, sin embargo, esta pretensión parece haber sido abandonada. El ataque directo al liderazgo soberano de un país envía un mensaje claro y alarmante: la soberanía estatal ya no es inviolable, sino condicional, sujeta a la voluntad y al poder de los actores dominantes. A diferencia de intervenciones anteriores justificadas bajo dudosas afirmaciones de defensa propia "legítima" o "preventiva", esta acción ni siquiera fue enmarcada dentro de una nueva doctrina legal internacional, sino racionalizada a través de la ley doméstica estadounidense.
Este desarrollo sugiere una trayectoria profundamente preocupante, una en la que se espera que todo el mundo se ajuste a los fallos de los tribunales y las instituciones políticas de EE.UU., permitiendo a Washington remodelar sistemas políticos, incautar activos extranjeros y apropiarse de los recursos de otras naciones con impunidad.
El peligro radica en el hecho de que la soberanía no es meramente un concepto legal teórico; es la base de la estabilidad política en el sistema internacional. Cuando los estados ya no pueden confiar en que sus fronteras y estructuras de gobierno estén protegidas de la coerción extranjera, la lógica de la seguridad global cambia fundamentalmente. En tal entorno, la supervivencia ya no se persigue a través de la diplomacia o el derecho internacional, sino a través de la disuasión y el poder bruto.
En última instancia, si el uso de la fuerza para alterar la realidad política de estados soberanos se convierte en una opción aceptada, todo el sistema de restricción legal colapsa. En un mundo así, los poderes dominantes solo necesitan construir una narrativa de amenaza, seguridad o justicia para legitimar cualquier acción que elijan, haciendo que el derecho internacional sea obsoleto en la práctica, si no en el nombre.
Su comentario