Agencia de Noticias Hawzah – Al dirigirse a las delegaciones de los 125 Estados miembros de la CPI durante la reunión anual de la corte, la jueza Akane declaró:
“Jamás aceptamos ningún tipo de presión de nadie en cuestiones relacionadas con la interpretación del marco estatutario y la resolución de los casos”.
A comienzos de este año, el presidente estadounidense Donald Trump sancionó a nueve miembros del personal de la CPI, incluidos seis jueces y el fiscal jefe, Karim Khan, por impulsar investigaciones que involucraban a funcionarios estadounidenses e israelíes.
La jueza Akane señaló que las sanciones —que incluyen la congelación de activos y la exclusión del sistema financiero estadounidense— han afectado la vida personal de los funcionarios señalados y han complicado sus transacciones financieras en Estados miembros de la CPI en Europa.
Con sede en La Haya, la CPI atrajo la atención internacional el pasado noviembre cuando determinó que existían “motivos razonables” para concluir que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el exministro de defensa, Yoav Gallant, tienen responsabilidad penal por crímenes de guerra sistemáticos y crímenes contra la humanidad en Gaza.
Aunque ni Israel ni Estados Unidos son miembros de la CPI, la corte reconoce al Estado de Palestina y afirma su jurisdicción sobre los presuntos crímenes cometidos en los territorios palestinos. Establecida en 2002, la CPI procesa casos de genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, y depende de los Estados miembros para ejecutar sus órdenes de arresto, ya que no posee una fuerza policial propia.
Las sanciones estadounidenses recuerdan acciones previas contra funcionarios de la CPI por investigar presuntos crímenes vinculados a operaciones militares de EE.UU. en Afganistán.
Fuente: EUPAC
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